► DIGNIDAD DE LA PERSONA, AGRAVIOS Y DEFENSA DE LA VIDA

Jorge Ybarnegaray Urquidi PhD.

Prof. Bioética UCB

Colaborador de VHI en Bolivia

Ante el contexto de una realidad que afecta a las personas, la familia y la sociedad, donde se perciben transgresiones a la ley y a los derechos humanos, cabe considerar la situación desde un punto de vista ético.

El término dignidad proviene de la palabra latina dignus, que significa valioso y de dignitaten, que quiere decir excelencia moral. Es la cualidad de digno, excelencia o realce. También significa decoro y decencia de las personas en la manera de comportarse. La dignidad, como valor moral, es el reconocimiento del valor del ser humano como persona, por sí mismo y por la sociedad a la cual pertenece. Este alto valor ético exige el deber de reconocer en la práctica los derechos de la persona y de exigir su cumplimiento, como también en las relaciones sociales y políticas.

Hay afinidad entre dignidad y persona. Se dice usualmente dignidad de la persona humana o dignidad humana. Según Tomás de Aquino, la dignidad o calidad de valioso dimana de las perfecciones que tiene un ser en sí mismo, lo que le hace ser bueno e independiente de la posibilidad de satisfacer deseos. Persona es un sujeto, poseedor de una propiedad diferenciadora, que es su peculiar dignidad. He aquí el supremo grado de dignidad en los hombres: “…que por sí mismos, y no por otros, se dirijan hacia el bien”.

Se considera que la persona además de poseer un cuerpo físico, es de naturaleza espiritual, racional y volitiva. La persona es digna, porque de su ser espiritual brota su dignidad. Proviene de las virtudes de la naturaleza humana para realizarse en plenitud. El filósofo Kant, respecto de la dignidad en su obra Fundamentación de la metafísica de las costumbres, dice que aquello que es la condición para que algo sea un fin en sí mismo, eso que no tiene valor relativo o precio, sino un valor interno, eso es dignidad.

En cuanto a los agravios, todo ser humano puede vulnerar su propia dignidad y la de los demás. Tal agravio deriva de un mal uso de la autonomía y la libertad. La forma más radical y directa es el intento de destrucción del ser de la persona a quien se agravia. Ultrajar o denigrar la esencia de la persona promueve la destrucción del ser y del profundo valor del amor. Todo lo que ocasione odio, hostilidad y aversión a través de la provocación, el escándalo, la calumnia, la perfidia, es una ofensa contra la dignidad de la persona, como también cuando se obstaculiza el derecho a la justicia y el ejercicio de la libertad por coacciones físicas o psíquicas, represión violenta, torturas, linchamiento, esclavitud y otras humillaciones. Igualmente, el autoritarismo, la intolerancia, la demagogia, la imposición de ideologías, la falta de respeto a las creencias y el no saber escuchar al otro, son denigrantes.

Atentar contra la vida es ir contra la dignidad, valor esencial de los derechos humanos, que demanda el debido respeto para la persona, la familia y la comunidad sin ninguna discriminación. También es ir contra el humanismo que enaltece a la persona y repudia la humillación de los ciudadanos en la vida cotidiana, social y política.

Se concluye afirmando que no podrá haber paz social si no se considera fundamental el respeto a la dignidad de la persona y a la inviolabilidad de los derechos humanos desde la concepción hasta la muerte natural. La dignidad de la persona debe ser intocable. Respetarla, protegerla, y defenderla es deber del estado y debe ser tarea y obligación de todos.

►¿Por qué la simpatía por el aborto?

El fenómeno es demasiado grande –y creciente–, para no reflexionarlo y revertirlo. El apoyo, la simpatía por el aborto, cada vez mayores en el mundo, tienen sin duda casuales muy decisivas, y una crucial es la enorme campaña a su favor, con muchas formas, medios y orígenes. La «cultura de muerte» gana terreno.

Son muchas las organizaciones, incluyendo de las Naciones Unidas, y muchas también las personalidades que solicitan la aprobación ciudadana, y de ella la gubernamental al aborto; y lo grave es que parecen convencer a un número creciente de personas sobre la necesidad (sí, necesidad) de facilitar y proteger legalmente el aborto provocado. Son los difusores de dicha cultura de la muerte.

Por muchas razones, que sobrepasan el tema particular del aborto, hay una enorme presión político-social contra instituciones y valores trascendentales, esos que la sociedad ha descubierto por siglos, como son la familia, el matrimonio y el derecho a la vida del nonato. También destaca su lucha en contra de la religión, especialmente la católica, a la que atacan ferozmente, con calumnias e injurias.

Estas presiones provienen de grupos relativamente pequeños, pero muy vociferantes, muy ruidosos y que se han agenciado espacios en los medios de comunicación y en foros públicos, internacionales principalmente, para luchar a favor del aborto provocado, en este caso.

Es muy importante hacer notar que su presencia, infiltración y acciones se desarrollan en foros de las Naciones Unidas, en otros organismos internacionales, como en la Comunidad Europea, y en otros ámbitos políticos o sociales.

Dichos grupos de presión que se hacen llamar «progres», cuando en realidad son «retros» (quieren regresar a la humanidad a épocas cavernarias), no representan más que a sí mismos y a algunos que simpatizan con sus causas o ideas.

Su acción a favor del aborto provocado es, además de convencer a las personas de ser un acto moralmente válido, una forma de proteger dicen, los «derechos reproductivos» de la mujer, como un medio válido de control natal y finalmente como un «derecho» que debe ser reconocido internacionalmente.

De esta forma buscan que los países signatarios de convenciones internacionales de la ONU y de sus organizaciones satélites, se vean obligados a incorporar en sus legislaciones nacionales ese derecho al aborto provocado. Pero van aún más lejos, presionan para que se castigue a quienes opinen en contrario, y se opongan formal o informalmente a ese supuesto derecho al aborto provocado.

Por una parte, es muy preocupante que esos grupos antivalores vayan ganando voluntades entre funcionarios públicos nacionales y supranacionales, para que acepten el aborto provocado como una medida de control natal y como un derecho de la mujer y de quienes lo practican. En general, sus métodos han sido muy sutiles, tratando de colar en convenciones y acuerdos internacionales derechos al aborto y otros más. Sus avances son resultado del engaño y la acción subrepticia.

Pero también están las ganancias de convencer a millones de personas que el aborto provocado no es un acto inmoral, que se protege a las mujeres que abortan de morir en abortos clandestinos, y que con ello no se afectan derechos humanos, sino que se protegen. El tema del control natal lo dejan en general a los gobiernos.

¿Por qué sucede esto? ¿Por qué muchas personas se dejan convencer tan fácilmente de que abortar es aceptable, que no afecta ningún derecho?

Creo que la razón es muy simple, y es que la defensa de la vida del nonato es demasiado débil, le falta difusión y recurrir a la fuerza de los argumentos pro-vida, que son muchos. Además, es fácil matar a un ser que no se ve, pero no ya nacido.

Sabemos bien, quienes somos partidarios de la «cultura de la vida», que la oposición al aborto provocado es por un convencimiento absoluto, de carácter netamente científico, de que la vida humana inicia precisamente con la concepción, cuando el espermatozoide de une con el óvulo para convertirse en la primera célula de una nueva persona humana, diferente de la madre.

Sabemos también que en entre los derechos humanos, el derecho primigenio, sin el cual los demás no tienen sentido, es el derecho a la vida, y que se puede demostrar jurídicamente. Los muertos no pueden gozar de derecho alguno.

Sabemos también que el derecho a la vida de un ser indefenso está por encima del derecho de otra persona, sea a la salud o al confort; que una mujer no puede, conforme a la ley natural, anteponer su deseo de abortar a la vida de su hijo.

Sabemos también que es falso, estadísticamente hablando, que mueran tantos miles de mujeres por abortos clandestinos, y que la legalización del aborto no salva vidas, sino que por el contrario, permite terminar con las vidas de los bebés que son asesinados al abortarlos, y que también mata mujeres en un quirófano.

Sabemos muchas cosas más, pero no hemos sabido difundirlas. Hay que hacerlo. Debemos poner frente a todas las personas pensantes del mundo la verdad de las cosas, y que derivan de una fundamental: la vida de la persona humana inicia con la concepción, probado científicamente, y que su protección debe sobreponerse a cualesquiera otros derechos, reales o supuestos, de la embarazada o la sociedad.

Debemos desenmascarar a los emisarios de la muerte por el aborto, en sus torcidas acciones para forzar a los gobiernos a legitimar al aborto, y convencer a funcionarios internacionales y nacionales que deben proteger internacional y constitucionalmente la vida del concebido.

En tanto no logremos poner frente a los ojos y las mentes de la gente, sobre todo de los gobernantes y líderes de opinión, esta verdad científica y ese derecho natural a la vida humana, la cultura de la muerte ganará más terreno.

Via: ConoZe.com

►Según el Consejo de Europa, "en caso de duda, la decisión debe ser pro vida"

La Asamblea Parlamentaria aprueba una resolución que establece que, “en caso de duda, la decisión a tomar siempre debe estar a favor de la prolongación de la vida”.

REDACCIÓN HO / GACETA.- "La eutanasia, en el sentido de la muerte intencional, por acción u omisión, de un ser humano en función de su presunto beneficio, debe ser prohibida siempre”. Así lo recoge una resolución del Consejo de Europa que sienta un gran precedente a favor de la vida porque es la primera vez que una institución política europea se manifiesta de forma tan clara y tan rotunda.

El mismo texto de la Asamblea Parlamentaria se especifica que, “en caso de duda, la decisión siempre debe ser pro-vida y a favor de la prolongación de la vida”.

Esta es la tercera propuesta en este ámbito después de la resolución 2010, que fortalecía la libertad de conciencia para los médicos y el personal médico, y de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos afirmara el año pasado que no existe el derecho a la eutanasia o el suicidio asistido en la Convención Europea.

La resolución, que responde al título de Protección de los derechos humanos y la dignidad, teniendo en cuenta los deseos expresados anteriormente por los pacientes, clarifica los principios que deben regir la práctica de “testamentos vitales” o “directivas anticipadas” en Europa. De esta forma, los pacientes deben ser autorizados y alentados a expresar de antemano sus deseos con respecto a la intervención médica y el tratamiento en caso de que se produzca una situación en la que ya no tengan capacidad de hacerlo.

De esta forma, se pretende frenar la entrada de la eutanasia o el suicidio asistido que viene muchas veces por la regulación divergente de los países europeos por el abuso de los "testamentos vitales" o las "directivas anticipadas".

“Prohibido el asesinato intencionado”

En primer lugar, la Asamblea recoge el principio de que “el asesinato intencionado siempre debe estar prohibido”.

En segundo lugar, también fue aprobada una importante modificación introducida por Luca Volontè, diputado italiano y presidente del Grupo Popular de la Asamblea Parlamentaria. En el párrafo 7.8. de esa modificación, se establece que “las decisiones de sustitución que se basan en juicios de valor generales presentes en la sociedad no debe ser admisible y, en caso de duda, la decisión siempre debe ser pro-vida y la prolongación de la vida”.

Hay que insistir en la importancia de esta gran victoria a favor de la vida en Europa, ya que, con la adopción de esta resolución, el Consejo de Europa pone en una difícil situación a los países que permiten la eutanasia, como los Países Bajos y Bélgica.

Luca Volontè ha señalado que esta resolución del Consejo de Europa significa un gran paso adelante en la defensa de la vida: “el año pasado hemos obtenido una gran victoria que reafirma el derecho de los médicos a la objeción de conciencia, hoy también hemos peleado una buena batalla y la hemos ganado, gracias a Dios, en contra de una verdadera tiranía ideológica de la cultura de la muerte […] Ahora la eutanasia está totalmente prohibida”.

Fuente: www.hazteoir.

Pacto de San José de Costa Rica

Convención Americana sobre Derechos Humanos

"Pacto de San José de Costa Rica"

Preámbulo

Los Estados Americanos  signatarios de la presente Convención,
Reafirmando su propósito de consolidar en este Continente, dentro del cuadro de las instituciones democráticas un régimen de libertad personal y de justicia social, fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre;
Reconociendo que los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser nacional de determinado Estado, sino que tienen como fundamento los atributos de la persona humana, razón por la cual justifican una protección internacional, de naturaleza convencional coadyuvante o complementaria de la que ofrece el derecho interno de los Estados americanos;
Considerando que estos principios han sido consagrados en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y en la Declaración Universal de Derechos Humanos que han sido reafirmados y desarrollados en otros instrumentos internacionales, tanto de ámbito universal como regional;
Reiterando que, con arreglo a la Declaración Universal de Derechos Humanos, sólo puede realizarse el ideal del ser humano libre, exento del temor y de la miseria, si se crean condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos, y
Considerando que la Tercera Conferencia Interamericana Extraordinaria (Buenos Aires, Argentina, 1967) aprobó la incorporación a la propia Carta de la Organización de normas más amplias sobre derechos económicos, sociales y educacionales y resolvió que una convención interamericana sobre derechos humanos determinará la estructura, competencia y procedimiento de los órganos encargados de esta materia,
Han convenido en lo siguiente: 

PARTE I

Deberes de los Estados y derechos protegidos

CAPITULO I

Enumeración de deberes 

Artículo 1.­ Obligación de respetar los derechos.
1°. Los Estados Partes de esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.
2°. Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano.
Artículo 2.­ Deber de adoptar disposiciones de Derecho Interno.
Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el Artículo 1 no estuviera ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades. 
CAPÍTULO II
Derechos civiles y políticos
Artículo 3.­ Derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica.
1°. Toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica.
Artículo 4.­ Derecho a la vida.
1°. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente.
2°. En los países que no han abolido la pena de muerte, ésta sólo podrá imponerse por los delitos más graves, en cumplimiento de sentencia ejecutada de tribunal competente y de conformidad con una ley que establezca tal pena, dictada con anterioridad a la comisión del delito. Tampoco se extenderá su aplicación a delitos a los cuales no se la aplique actualmente.
3°. No se restablecerá la pena de muerte en los Estados que la han abolido.
4°. En ningún caso se puede aplicar la pena de muerte por delito político ni comunes conexos con los políticos.
5°. No se impondrá la pena de muerte a personas que, en el momento de la comisión del delito, tuvieren menos de dieciocho años de edad o más de setenta, ni se le aplicará a las mujeres en estado de gravidez
6°. Toda persona condenada a muerte tiene derecho a solicitar la amnistía, el indulto o la conmutación de la pena, los cuales podrán ser concedidos en todos los casos No se puede aplicar la pena de muerte mientras la solicitud esté pendiente de decisión ante autoridad competente
Artículo 5.­ Derecho a la integridad personal.
l°. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral
2°. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.
3°. La pena no puede trascender de la persona del delincuente.
4°. Los procesados deben estar separados de los condenados, salvo en circunstancias excepcionales, y serán sometidos a un tratamiento adecuado a su condición de personas no condenadas
5°. Cuando los menores puedan ser procesados, deben ser separados de los adultos y llevados ante tribunales especializados, con la mayor celeridad posible, para su tratamiento.
6°. Las penas privativas de la libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la readaptación social de los condenados
Artículo 6.­ Prohibición de la esclavitud y servidumbre.
1°. Nadie puede ser sometido a esclavitud o servidumbre, y tanto éstas, como la trata de esclavos y la trata de mujeres están prohibidos en todas sus formas.
2°. Nadie puede ser constreñido a ejecutar un trabajo forzoso u obligatorio. En los países donde ciertos delitos tengan señalada pena privativa de la libertad acompañada de trabajos forzosos, esta disposición no podrá ser interpretada en el sentido de que prohibe el cumplimiento de dicha pena impuesta por juez o tribunal competente. El trabajo forzoso no debe afectar a la dignidad ni a la capacidad física e intelectual del recluido.
3°. No constituyen trabajo forzoso u obligatorio, para los efectos de este Artículo:
a) Los trabajos o servicios que se exijan normalmente de una persona recluida en cumplimiento de una sentencia o resolución formal dictada por la autoridad judicial competente. Tales trabajos o servicios deberán realizarse bajo la vigilancia y control de las autoridades públicas, y los individuos que los efectúen no serán puestos a disposición de particulares, compañías o personas jurídicas de carácter privado;
b) El servicio militar y, en los países donde se admite exención por razones de conciencia, el servicio nacional que la ley establezca en lugar de aquél;
c) El servicio impuesto en casos de peligro o calamidad que amenace la existencia o el bienestar de 1a comunidad;
d) El trabajo o servicio que forme parte de las obligaciones cívicas normales.
Artículo 7.­ Derecho a la libertad personal.
1°. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales.
2°. Nadie puede ser privado de su libertad física salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas.
3°. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios.
4°. Toda persona detenida o retenida debe ser informada de las razones de su detención y notificada, sin demora, del cargo o cargos formulados contra ella.
5°. Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. Su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio.
6°. Toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal competente, a fin de que ése decida, sin demora, sobre la legalidad de su arresto o detención y ordene su libertad si el arresto o la detención fueran ilegales. En los Estados Partes cuyas leyes prevén que toda persona que se viera amenazada de ser privada de su libertad tiene derecho a recurrir a un juez o tribunal competente a fin de que éste decida sobre la legalidad de tal amenaza, dicho recurso no puede ser restringido ni abolido. Los recursos podrán interponerse por sí o por otra persona.
7°. Nadie será detenido por deudas. Este principio no limita los mandatos de autoridad judicial competente dictados por incumplimientos de deberes alimentarios.
Artículo 8.­ Garantías judiciales.
1°. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter
2°. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas:
a) Derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete, si no comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal;
b) Comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada;
c) Concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa;
d) Derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor;
e) Derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no según la legislación interna, si el inculpado no se defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por la ley;
f) Derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos;
g) Derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable, y
h) Derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.
3°. La confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin coacción de ninguna naturaleza.
4°. El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismos hechos.
5°. El proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea necesario para preservar los intereses de la justicia.
Artículo 9.­ Principio de legalidad y de retroactividad.
Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivas según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.
Artículo 10.­ Derecho a indemnización.
Toda persona tiene derecho a ser indemnizada conforme a la ley en caso de haber sido condenada con sentencia firme por error judicial.
Artículo 11.­ Protección de la honra y de la dignidad.
1°. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad.
2°. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación.
3°. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques.
Artículo 12.­ Libertad de conciencia y de religión.
1°. Toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y de religión. Este derecho implica la libertad de conservar su religión o sus creencias, o de cambiar de religión o de creencias, así como la libertad de profesar y divulgar su religión o sus creencias, individual o colectivamente, tanto en público como en privado.
2°. Nadie puede ser objeto de medidas restrictivas que puedan menoscabar la libertad de conservar su religión o sus creencias o de cambiar de religión o de creencias.
3°. La libertad de manifestar la propia religión y las propias creencias está sujeta únicamente a las limitaciones prescriptas por la ley y que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral públicas o los derechos o libertades de los demás.
4°. Los padres y en su caso los tutores, tienen derecho a que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. 
Artículo 13.­ Libertad de pensamiento y de expresión.
1°. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.
2°. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar:
a) El respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o
b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.
3°. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones.
4°. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa con el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral de la infancia y la adolescencia, sin perjuicio de lo establecido en el inciso 2.
5°. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional.
Artículo 14.­Derecho de rectificación o respuesta.
1°. Toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio a través de medios de difusión legalmente reglamentados y que se dirijan al público en general, tiene derecho a efectuar por el mismo órgano de difusión su rectificación o respuesta en las condiciones que establezca la ley.
2°. En ningún caso la rectificación o la respuesta eximirán de otras responsabilidades legales en que se hubiese incurrido.
3°. Para la efectiva protección de la honra y la reputación, toda publicación o empresa periodística, cinematográfica, de radio o televisión tendrá una persona responsable que no esté protegida por inmunidades ni disponga de fuero especial.
Artículo 15.­ Derecho de reunión.
Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de tal derecho sólo puede estar sujeto a las restricciones previstas por la ley, que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad o del orden público, o para proteger la salud o la moral pública o los derechos o libertades de los demás.
Artículo 16.­ Libertad de asociación.
1°. Todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines ideológicos, religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquiera otra índole.
2°. El ejercicio de tal derecho sólo puede estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad o del orden público, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de los demás.
3°. Lo dispuesto en este Artículo no impide la imposición de restricciones legales, y aun la privación del ejercicio del derecho de asociación, a los miembros de las fuerzas armadas y de la policía
Artículo 17.­ Protección de la familia.
1°. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegida por la sociedad y el Estado.
2°. Se reconoce el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia si tienen la edad y las condiciones requeridas para ello por las leyes internas, en la medida en que éstas no afecten al principio de no discriminación establecido en esta Convención.
3°. El matrimonio no puede celebrarse sin el libre y pleno consentimiento de los contrayentes.
4° Los Estados Partes deben tomar medidas apropiadas para asegurar la igualdad de derechos y la adecuada equivalencia de responsabilidades de los cónyuges en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo. En caso de disolución, se adoptarán disposiciones que aseguren la protección necesaria a los hijos, sobre la base única del interés y conveniencia de ellos
5°. La ley debe reconocer iguales derechos tanto a los hijos nacidos fuera del matrimonio como a los nacidos dentro del mismo
Artículo 18.­ Derecho al nombre.
Toda persona tiene derecho a un nombre propio y a los apellidos de sus padres o al de uno de ellos. La ley reglamentará la forma de asegurar este derecho para todos, mediante nombres supuestos, si fuere necesario. 
Artículo 19.­ Derecho del niño.
Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requiere por parte de su familia, de la sociedad y del Estado.
Artículo 20.­ Derecho o la nacionalidad.
1°. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad.
2°. Toda persona tiene derecho a la nacionalidad del Estado en cuyo territorio nació si no tiene derecho a otra.
3°. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiarla
Artículo 21.­ Derecho a la propiedad privada.
1°. Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. La ley puede subordinar tal uso y goce al interés social.
2°. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa, por razones de utilidad pública o de interés social y en los casos y según las formas establecidas por la ley
3°. Tanto la usura como cualquier otra forma de explotación del hombre por el hombre, deben ser prohibidos por la ley
Articulo 22.­ Derecho de circulación y de residencia.
1°. Toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tiene derecho a circular por el mismo y a residir en él con sujeción a las disposiciones legales.
2°. Toda persona tiene derecho a salir libremente de cualquier país, inclusive del propio.
3°. El ejercicio de los derechos anteriores no puede ser restringido sino en virtud de una ley, en la medida indispensable en una sociedad democrática, para prevenir infracciones penales o para proteger la seguridad nacional, la seguridad o el orden públicos, la moral o la salud públicas o los derechos y libertades de los demás.
4°. El ejercicio de los derechos reconocidos en el inciso 1 puede asimismo ser restringido por la ley, en zonas determinadas, por razones de interés público.
5°. Nadie puede ser expulsado del territorio del Estado del cual es nacional, ni ser privado del derecho de ingresar en el mismo.
6°. El extranjero que se halle legalmente en el territorio de un Estado Parte en la presente Convención, sólo podrá ser expulsado de él en cumplimiento de una decisión adoptada conforme a la ley.
7°. Toda persona tiene el derecho de buscar y recibir asilo en territorio extranjero en caso de persecución por delitos políticos o comunes conexos con los políticos y de acuerdo con la legislación de cada Estado o los convenios internacionales.
8°. En ningún caso el extranjero puede ser expulsado o devuelto a otro país, sea o no de origen, donde su derecho a la vida o a la libertad personal está en riesgo de violación a causa de raza, nacionalidad, religión, condición social o de sus opiniones políticas.
9°. Es prohibida la expulsión colectiva de extranjeros.
Artículo 23.­ Derechos políticos.
1°. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades:
a) De participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos;
b) De votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores, y
c) De tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país.
2°. La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el inciso anterior, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez competente, en proceso penal.
Artículo 24.­ Igualdad ante la ley.
Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley.
Artículo 25.­ Protección judicial.
1°. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo
ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos
fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.
2°. Los Estados Partes se comprometen:
a) A garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso;
b) A desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y
c) A garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso. 

CAPITULO III

Derechos económicos, sociales y culturales

Artículo 26.­ Desarrollo progresivo.
Los Estados Partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires, en la medida de los recursos disponibles, por vía legislativa u otros medios apropiados.

CAPITULO IV

Suspensión de garantías, interpretación y aplicación

Artículo 27.­ Suspensión de garantías.
1°. En caso de guerra, de peligro público o de otra emergencia que amenace la independencia o seguridad del Estado Parte, éste podrá adoptar disposiciones que, en la medida y por el tiempo estrictamente limitados a las exigencias de la situación, suspendan las obligaciones contraídas en virtud de esta Convención, siempre que tales disposiciones no sean incompatibles con las demás obligaciones que les impone el derecho internacional y no entrañen discriminación alguna fundada en motivos de raza, color, sexo, idioma, religión u origen social.
2°. La disposición precedente no autoriza la suspensión de los derechos determinados en los siguientes artículos: 3 (Derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica); 4 (Derecho a la vida): 5 ( Derecho a la integridad personal); 6 (Prohibición de la esclavitud y servidumbre); 9 (Principio de legalidad y de retroactividad); 12 (Libertad de conciencia y de religión); 17 (Protección a la familia); 18 (Derecho al nombre); 19 (Derecho del niño); 20 (Derecho a la nacionalidad), y 23 (Derechos políticos), ni de las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos.
3°. Todo Estado Parte que haga uso del derecho de suspensión deberá informar inmediatamente a los demás Estados Partes en la Presente Convención, por conducto del Secretario General de la Organización de los Estados Americanos, de las disposiciones cuya aplicación haya suspendido, de los motivos que haya suscitado la suspensión y de la fecha en que haya dado por terminada tal suspensión
Artículo 28 - Cláusula federal.
1º. Cuando se trata de un Estado Parte constituido como Estado Federal, el gobierno nacional de dicho Estado Parte cumplirá todas las disposiciones de la presente Convención relacionadas con las materias sobre las que ejerce jurisdicción legislativa y  judicial.
2º. Con respecto a las disposiciones relativas a las materias que corresponden a la jurisdicción de las entidades componentes de la Federación, el gobierno nacional debe tomar de inmediato las medidas pertinentes, conforme a su Constitución y sus leyes a fin de que las autoridades competentes de dichas entidades puedan adoptar las disposiciones del caso para el cumplimiento de esta Convención.
3º. Cuando dos o m s Estados Partes acuerden integrar entre sí una federación u otra clase de asociación, cuidar n de que el pacto comunitario correspondiente contenga las disposiciones
necesarias para que continúen haciéndose efectivas en el nuevo Estado así organizado, las normas de la presente Convención.
Artículo 29.- Normas  de interpretación.
Ninguna disposición de la presente Convención puede ser interpretada en el sentido de:
a) Permitir a alguno de los Estados Partes, grupo o persona, suprimir el goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la Convención o limitarlos en mayor medida que la prevista en ella;
b) Limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados Partes o de acuerdo con otra convención en que sea parte uno de dichos Estados;
c) Excluir otros derechos y garantías que son inherentes al ser humano o que se derivan de la forma democrática representativa de gobierno, y
d) Excluir o limitar el efecto que puedan producir la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y otros actos internacionales de la misma naturaleza.
Artículo 30.- Alcance de las restricciones.
Las restricciones permitidas, de acuerdo con esta Convención, al goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la misma, no pueden ser aplicadas sino conforme a leyes que se dictaren por razones de interés general y con el propósito para el cual han sido establecidos.
Artículo 31.- Reconocimiento de otros derechos.
Podrán ser incluidos en el régimen de protección de esta Convención otros derechos y libertades que sean reconocidos de acuerdo con los procedimientos establecidos en los Artículos 76 y 77. 

CAPITULO V

Deberes de las personas

Artículo 32.- Correlación entre deberes y derechos.
1º. Toda persona tiene deberes para con la familia, la comunidad y la humanidad.
2º. Los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común, en una sociedad democrática. 
Suscripta en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos. Entró en vigor el 18 de julio de 1978.

Constituciones

Declaración de los Derechos Humanos del Concebido

Un centenar de especialistas en derecho, bioética, medicina, educadores y otros actores sociales se estuvieron reuniendo a raíz de que el pasado 6 de junio, a título personal como químico y sacerdote, como ciudadano mexicano y católico, monseñor. Pedro Agustín Rivera Díaz presentara ante los medios de comunicación social una propuesta de «Declaración de los Derechos Humanos del Concebido».

En la definición de términos se señala cómo a partir de la evidencia científica se puede determinar con exactitud el momento del inicio del embarazo, que coincide con el inicio de la vida. La promoción de tan importante documento fue asumida por la Asociación Derechos del Concebido (Comunicación con Criterio A.C.).

Monseñor Pedro Agustín Rivera Díaz en la presentación de la Declaración reconoce que «anteriormente no se planteaba el deber de reconocer los derechos del concebido, dado que, en términos generales, éste no corría más riesgo que el derivado de su viabilidad biológica dentro del seno materno, es decir, de su capacidad innata, así como de las condiciones prenatales».

«Las circunstancias han cambiado y ahora parecen existir derechos a la salud y a la vida de los concebidos que no coinciden con los correspondientes derechos de sus madres --añade--. Es necesario que los derechos del concebido prevalezcan sobre otros intereses, sobre todo si entran en conflicto con ellos».




Declaración de los derechos humanos del concebido


Principio 1.-

Todo Concebido, varón o mujer, discapacitado o no, disfrutará de los derechos enunciados en esta Declaración.

Principio 2.-

 Todo Concebido tiene derecho a que se le reconozca como un individuo de la especie humana y, por lo mismo, cuenta con todos los derechos humanos reconocidos por la ONU, por los organismos internacionales y por las constituciones de los Estados.

Principio 3.- 

Todo Concebido tiene derecho a que se le reconozca su individualidad, en tanto que su código genético propio es único e irrepetible y, por lo mismo, diferente al de sus progenitores.

Principio 4.-

Todo Concebido tiene derecho a que se reconozca y respete en él, el valor supremo de la vida, desde el momento de la concepción hasta su muerte natural y, por lo mismo, deberá ser respetado y cuidado este derecho a lo largo de todo su proceso de vida en el seno materno y, una vez nacido, fuera de él.

Principio 5.- 

El valor supremo de la vida del Concebido debe ser el principio rector de quienes tienen la responsabilidad de velar por su desarrollo integral. Dicha responsabilidad recae, en primer término, en su padres, y de manera subsidiaria en sus demás familiares, en la sociedad y en el Estado.

Principio 6.-

 Todo Concebido deberá ser protegido de cualquier tipo de discriminación por motivo de raza, etnia, condición genética, sexo, origen social, situación económica, de él o de sus progenitores.

Principio 7.-

 El Concebido es un individuo en desarrollo, con sus derechos específicos, que no puede reclamarlos ni exigirlos por razones propias de esta etapa de su vida, por lo que se impone a sus padres, a la sociedad y al Estado la obligación irrenunciable de velar por su respeto.

Principio 8.-

 Todo Concebido, para el pleno y armonioso desarrollo de su individualidad, deberá hacerlo bajo el amparo y responsabilidad de sus padres y, en todo caso, en un ambiente de afecto y de seguridad. La mujer embarazada deberá contar con los cuidados propios y atenciones especiales de este periodo.

Principio 9.-

 Todo Concebido dispondrá de las oportunidades y servicios dispensados por la ley y por otros medios, en condiciones de libertad y dignidad, para que pueda desarrollarse física, mental, espiritual y socialmente, en forma integral; con este fin deberán proporcionarse, tanto a él como a su madre, cuidados especiales.

Principio 10.-

Todo Concebido tiene derecho a una nacionalidad, y el Estado deberá reconocer y proteger todos sus derechos.